Educación: Mapa de rutas

Una de las páginas que siempre suelo visitar, leer y hasta comentar, es la del académico de la Universidad Diego Portales, don José Joaquín Brunner. La razón es que siempre encuentro en ellas alguna idea interesante, un agudo comentario o una mirada verdaderamente aportadora sobre los problemas de la educación en nuestro país.

 

En esta ocasión, quiero compartir este texto respecto de las prioridades y alcance de la reforma educacional que el nuevo Goberno debe impulsar.

Los invito a leerlo y comentarlo.

prof. Benedicto González 

por José Joaquín Brunner, academico UDP

PARA poner en marcha una nueva fase de reforma educacional, ¿qué hace falta? Para empezar, una estrategia de cambio con un objetivo claro. En seguida, un número limitado de prioridades. Y, finalmente, un diseño participativo que haga posible la deliberación y los acuerdos.

Hasta ahora el objetivo anunciado aparece confuso. Según distintas visiones y voces sería reforzar la educación pública, terminar con la segmentación escolar, la gratuidad universal en todos los niveles, la erradicación del lucro, el control comunitario de las escuelas, etc.

En realidad, el objetivo debería ser uno solo: avanzar hacia una mayor equidad educacional a través de un continuo mejoramiento de la calidad de la educación al alcance de todos. Para ir en esta dirección las prioridades para los cuatro años que viene años son de suyo evidentes.

Primero, concentrar la mayor parte de los esfuerzos, energía y recursos en la atención temprana y cuidado de los niños desde el nacimiento hasta ingresar al ciclo pre-K. Ahora mismo, mientras discutimos las medidas para los próximos 100 días, los infantes que nacen o se encuentran en salas cuna y jardines infantiles se vuelven cada día más desiguales en su desarrollo socioemocional y cognitivo. Abordar esta situación de raíz supone un enorme esfuerzo con los niños, familias, comunidades y centros de atención donde se combinen acciones de salud, educacionales y de integración sociocultural. Hay que mejorar la institucionalidad, la formación y capacitación del personal profesional y las redes de apoyo para los centros. En fin, se debería poner en marcha una verdadera revolución de ideas e ideales, de percepciones y compromisos, de gestión y métodos educacionales. Es lamentable que esta prioridad, la más decisiva de todas, reciba un tratamiento solo rutinario, burocrático y secundario en la actual agenda de debate.

Segunda prioridad: qué hacer con los mil establecimientos escolares que próximamente se revelará no cumplen con mínimos estándares de desempeño. ¿Qué haremos? ¿Y qué hará el gobierno? Pienso que a propósito de este desafío se debería elaborar una estrategia de mediano plazo para reestructurar las regulaciones de nuestro sistema de provisión mixta. Efectivamente, el reto de las mil escuelas crónicamente enfermas y cómo llevarlas a una UTI de enriquecimiento socioeducativo y transformarlas, permitirá aquilatar mejor las dificultades y posibilidades de una reestructuración del régimen de sostenedores subvencionados. Precipitarse en cambio hacia una desmunicipalización que no garantice mejor calidad podría resultar, a la postre, nada más que en una fuga hacia delante.

Tercero, en el campo de la educación superior la prioridad debería ser la calidad y pertinencia de las formaciones ofrecidas. Para esto hay que: (i) renovar el régimen de acreditación y evaluación de calidad; (ii) establecer una superintendencia facultada para sancionar malas prácticas organizacionales, incluyendo cualquiera elusión de la regla que prohíbe el lucro; y (iii) reorganizar el esquema de financiamiento de docencia terciaria sobre la base de un modelo de costos compartidos con mayor y más eficaz gasto público y mejores modalidades para canalizar los aportes privados (crédito estudiantil, impuesto a los graduados, filantropía, emprendimientos académicos, uso intensivo de tecnologías digitales, etc.).

He aquí, en ceñida síntesis, las prioridades que a mi juicio permitirían materializar una reforma de envergadura y articular en torno de ellas los acuerdos necesarios para avanzar durante el gobierno de Bachelet.