(por José joaquín Brunner)
Como siempre, atento a lo que escribe José Joaquín Brunner sobre Educación, reproduzco acá un artículo referido al nuevo diseño de financiamiento de la Educación superior, el proyecto FES, propuesto por el gobierno del presidente Boric.
De hecho, el propio Mineduc, pensando seguramente ya en su legado para el futuro, ha convocado a una instancia encargada de proponer una estrategia de desarrollo para la educación superior. Será interesante observar cómo ambas iniciativas -FES y estrategia- se conjugan.
Pues, en la práctica, la estrategia de desarrollo del sector se jugará, en medida importante, en el diseño del financiamiento que se adopte como resultado del proyecto FES, el cual, hasta aquí, suscita más críticas que apoyos. Efectivamente, si el FES debilita las capacidades y la competitividad del sistema, cualquiera estrategia de desarrollo que se adopte posteriormente nacerá con un déficit autoinfligido.
Cabe preguntarse entonces si es imprescindible u oportuno crear ahora un nuevo esquema de financiamiento estudiantil (FES), antes de contar con una estrategia consensuada de desarrollo para la educación superior. Lo lógico parece ser, más bien, priorizar la estrategia y luego, en función de ella, diseñar los mecanismos de financiamiento que permitan avanzar hacia el logro de los objetivos estratégicos.
¿Significa esto que no debería corregirse y mejorarse el sistema de financiamiento estudiantil actualmente existente, esquema mixto de aportes fiscales y privados a través de la gratuidad para la población con menores recursos y, para el resto, créditos y becas?
No es así. Según muestran las iniciativas adoptadas por los dos gobiernos anteriores al de Boric, de Piñera y Bachelet en sus segundas administraciones, existe consenso en la necesidad de sustituir el actual crédito con aval del Estado (CAE) por uno que sea más justo, eficaz y sustentable. O sea, contingente al ingreso, con una baja tasa de interés y administrado por una agencia pública independiente (sin participación de la banca privada).
Dentro de los límites de dicho consenso, existe igualmente la voluntad mayoritaria -de parte del Gobierno y la Oposición- de establecer una condonación acotada y una reprogramación para los deudores del actual CAE, junto con premiar a quienes han pagado su deuda o están haciéndolo.
Resulta inexplicable, por tanto, que el Gobierno haya esperado prácticamente hasta el último año de su mandato para presentar un proyecto sobre la materia. Y que, enseguida, proponga una ambiciosa iniciativa de carácter estratégico para el futuro financiamiento de la educación superior, sin atender a la necesaria y estrecha relación entre ambas.
De cualquier forma, el proyecto FES se aleja por completo de la zona de consenso. En efecto, en vez de modernizar el régimen de crédito existente, lo reemplaza por uno de carácter tributario, consistente en una contribución obligatoria parecida a un impuesto a los graduados, fórmula que ha sido discutida académica-mente a nivel internacional, pero que no se ha probado ni adoptado en ninguno de los países de la OCDE. Tampoco en América Latina. El FES terminaría así imponiendo el pago de un valor superior al costo de sus carreras a un porcentaje significativo de quienes lo suscriban, con efectos indeseados sobre el acceso de jóvenes graduados al mercado laboral, riesgos de mayor informalidad, cambios en la elección de carreras y riesgos de elusión.
A su turno, la condonación acotada del CAE y la reprogramación pactada de la deuda se vuelven partes integrales del FES. De manera que si este no es aprobado por el Congreso, aquellas caen también.
Adicionalmente, el proyecto gubernativo introduce varios otros elementos que lo hacen todavía más complejo y dificultan -o tornan improbable- un acuerdo. El primero es el término del copago (costo compartido) hasta el noveno decil incluido que, como han manifestado rectores y analistas, implicaría a mediano plazo la quiebra de varias instituciones y una reducción de calidad de las demás. Sería un golpe letal.
Al mismo tiempo, el proyecto no se hace cargo de las fallas del actual esquema de gratuidad, en torno a las cuales sí existe pleno acuerdo. Ni tampoco aborda otra materia clave -cual es la fijación de precios de los aranceles regulados, asunto del cual depende crecientemente la suerte de la mayoría de las universidades-, omisión que genera incertidumbre e inestabilidad en el sistema
Lo último se ve agravado por la ausencia en la propuesta del Gobierno de respuestas a tres interrogantes que las instituciones vienen reclamando desde que asumió el presidente Boric.
Existe consenso en la necesidad de sustituir el actual crédito con aval del Estado (CAE) por uno que sea más justo, eficaz y sustentable.
O sea, contingente al ingreso, con una baja tasa de interés y administrado por una agencia pública independiente (sin participación de la banca privada). puestas a tres interrogantes que las instituciones vienen reclamando desde que asumió el Presidente Boric.
Primero, la necesidad de incrementar realistamente -dentro del actual cuadro de austeridad- el apoyo a las instituciones, y no solo para los estudiantes, trátese de fondos basales, contratos de desempeño, aportes concursables vinculados a prioridades y otros mecanismos similares.
Segundo, una política que de verdad aumente el gasto público en I+D, el cual se mantiene en un nivel bajísimo desde hace al menos una década, contrariando la retórica oficial a este respecto.
Tercero, una política que acompañe con recursos al régimen de aseguramiento de la calidad instaurado hace cinco años, el cual obliga a las universidades a alcanzar estándares de excelencia cada vez más exigentes y costosos, pero sin apoyo e incentivos para cumplir este mandato.
En suma, el nuevo modelo de financiamiento (FES) propuesto por el Gobierno, junto con sus omisiones e inconsistencias, se aleja del financiamiento mixto (público/privado) que ha permitido un vigoroso desarrollo de nuestra educación superior; busca sustituir recursos privados provenientes de los propios estudiantes y familias vía crédito estudiantil por recursos fiscales ya extenuados y de incierto futuro; crea un nuevo tributo de dudosos efectos, y deja sin atender asuntos clave como el financiamiento institucional, la investigación y el mejoramiento de la calidad del sistema.
Con esta propuesta las instituciones se volverían más dependientes de un incierto financiamiento estatal, quedarían sujetas a la voluntad política de la autoridad, verían reducirse su autonomía y diversidad y, asimismo, su capacidad de autogestionarse y crecer en calidad. La estrategia de desarrollo que busca definirse se vería así gravemente limitada desde ya."
Queda abierto el debate y las opiniones.
prof. Benedicto González Vargas
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