Revisando la web, en busca de información sobre mis temas de interés (Literatura, Educación, Nuevas Tecnologías, Espiritualidad), encontré en Ciper Chile este interesante análisis comparativo entre la educación uruguaya y la chilena, publicada por el politólogo uruguayo Juan Pablo Luna, que vale la pena leer con detención. Aunque el artículo es más extenso, porque se refiere a ciertas ideas cristalizadas en uruguayos y chilenos relativas al fútbol, que sirven de preámbulo, yo me remití exclusivamente al texto relativo al tema educativo. Para ver publicación original, pinche aquí
Los invito a leerlo y comentarlo:
"La Exitosa educación uruguaya"
por J. P. Luna
Para el movimiento estudiantil chileno, Uruguay posee un sistema
universitario público que se parece mucho a un modelo ideal: se trata de
un sistema completamente estatal, es totalmente gratuito, y se gobierna
mediante un régimen tri-estamental. La presencia de estos tres
instrumentos se asocia a un sistema que se percibe como más equitativo,
libre de lucro (y posiblemente por ello, de mayor calidad) y que
garantiza la democracia universitaria.
El problema es que entre esos imaginarios y la realidad, hay un
abismo. La profundidad de ese abismo sirve para ilustrar cómo,
maximizando los instrumentos (gratuidad, tri-estamentalidad y propiedad
estatal) se puede complicar (en lugar de facilitar) el logro de los
objetivos que persigue el movimiento estudiantil chileno.
Solo a modo de ejemplo, en Uruguay, la matrícula educativa entre los
12 y 17 años alcanzaba en 2013 solamente al 87% de la población mientras
en Chile ascendía al 95% (datos de SITEAL 2015). Este indicador refleja
también los problemas de repitencia y rezago educativo que se generan
en el tramo de educación primaria y que llevan a una deserción temprana
en secundaria, lo que se traduce en un calamitoso porcentaje respecto a
la población que logra culminar la educación secundaria (41% en Uruguay
contra un 83% en Chile, también según datos de SITEAL 2015). Dicho más
claramente, de cada 10 niños que entran en el sistema educativo, solo
cuatro terminan la enseñanza media en Uruguay, mientras en Chile lo
hacen ocho.
Cuando el sistema político pierde capacidad de mediación, no logra
hacer conversar y negociar a quienes poseen intereses contrapuestos. Y
sin ese diálogo y negociación, al igual que en las hinchadas
futbolísticas, terminan predominando el prejuicio y la trinchera
Pero, ¿qué pasa con la equidad? Bueno, si analizamos el mismo dato
según nivel socioeconómico, mientras el 60% de los jóvenes uruguayos de
nivel socioeconómico alto culmina secundaria, solo lo hace un 24,4% de
los jóvenes de nivel socioeconómico bajo. Aunque Chile también tiene un
problema importante de equidad, la brecha entre niveles socioeconómicos
es mucho menor (94,5% en el nivel alto, 75% en el nivel bajo). Y la
tendencia en el tiempo es clara: mientras Chile logró entre 2000 y 2013
reducir en un 10% la brecha de matrícula entre segmentos
socioeconómicos, Uruguay solo logró hacerlo en un 2%, al tiempo que la
matrícula total solo se expandió 0,5%.
Seguramente usted se preguntará por la calidad, pues es sabido que la
educación chilena lo hace muy mal en ese plano. Bueno, tampoco ahí los
resultados son mejores en Uruguay, según el estudio PISA 2015
recientemente publicado. A su vez, al considerar las diferencias
socioeconómicas respecto a la calidad, la brecha entre sectores
socioeconómicos que presenta Uruguay, un país con menos desigualdad
socioeconómica que Chile, es bastante mayor.
En resumen, a nivel de educación pre-básica, básica y media la
situación uruguaya es calamitosa. La única comparación en que supera a
Chile es en la tasa de cobertura de educación pre-básica, un área en la
que Chile se ha quedado relativamente estancado a pesar de la evidencia
disponible sobre los decisivos efectos que posee la estimulación
temprana en el desempeño educativo futuro. Con todo, este retraso
inicial chileno vuelve el caso uruguayo aún más grave pues partiendo
desde condiciones mejores, todo se desbarata más adelante.
Para ser justos, los jóvenes universitarios chilenos no ven como un
modelo a todo el sistema educativo uruguayo, sino esencialmente al
sistema universitario, dentro del cual consideran a la Universidad de la
República (Udelar) como un referente. El problema es que ese sistema
universitario está operando, hace años, sobre un sistema de educación
básica y media que produce altos grados de inequidad (tanto en sus tasas
de deserción como aprendizaje), por lo que lógicamente no puede más que
reproducir esa inequidad de base. Además, los resultados comparativos
respecto al desempeño de la Udelar tampoco son tan positivos.
Si tomamos el QS World University Ranking de 2016, la Pontificia
Universidad Católica (PUC) alcanza el puesto 147 a nivel mundial
mientras que la Universidad de Chile se ubica 200; la Udelar aparece en
el lugar 700 en una posición similar a la Universidad de Talca, la
onceava universidad chilena, según el mismo ranking. A nivel
latinoamericano la Udelar está en la posición 39. Una situación similar
muestra el reciente estudio del The Center for World University
Rankings. La Udelar se ubica en el puesto 845, mientras que algunas
universidades chilenas rankean bastante mejor: PUC en el 381; U. de
Chile en el 440.[2]
¿Por qué, siendo que Uruguay lleva ya más de diez años de gobierno de
una coalición de centro izquierda como el Frente Amplio, todo intento
de reforma estructural al sistema ha sido rápidamente desbaratado sin
producir un atisbo de movilización estudiantil?[3] A pesar de los
encendidos discursos públicos, ni los presidentes Tabaré Vázquez ni José
Mujica ni nuevamente Vázquez han podido reformar el fallido modelo
educativo uruguayo.[4] Han fracasado en parte por el enorme poder de
veto que han ejercido los sindicatos de la educación sobre el liderazgo
político del Frente Amplio.
Lo curioso es que pese a su mala calidad, la Udelar se ha convertido
en un modelo a emular frecuentemente mencionado por algunos grupos de
estudiantes chilenos. No importa cuanta desigualdad produzca el sistema
educativo actual, el “marketing” del caso uruguayo a nivel internacional
resiste[5].
TRES SLÓGANES
Lo que interesa de la situación uruguaya no es su trayectoria en sí,
sino más bien su contribución como contraejemplo para pensar el devenir
de la reforma educativa en Chile. Con el trasfondo de las movilizaciones
de 2011, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha acometido una extensa
serie de reformas intentando responder a las demandas del movimiento
estudiantil. Más allá de cuestiones puntuales, y otras que exceden la
temática de esta columna, las reformas tienen, en mi opinión, tres
características relevantes.
Primero, la prioridad que se le ha dado a los distintos componentes
de la reforma responde claramente a objetivos políticos (lo cual es por
supuesto esperable). Esencialmente, se ha buscado apaciguar al
movimiento social. Como se ha dicho, se ha priorizado la reforma
universitaria antes que la universalización de la educación pre-escolar
(los infantes no marchan), a contramano de todo lo que sabemos sobre el
impacto de cada una en generar igualdad de oportunidades.
En contextos como el que hoy vive Chile, eslóganes engañosos pueden
terminar convertidos en preferencias irrenunciables que se trasforman en
el molde donde deben encajar las políticas públicas: y toda reforma que
no satisfaga a rajatabla el eslogan parecerá insuficiente a sus
defensores
Segundo, a pesar de su motivación política, las reformas no logran
generar el apoyo y la legitimidad que sus autores ambicionan no importa
qué se anuncie ni cuánto se prometa reformar. Para algunos las reformas
son sumamente exageradas e ideológicas; para otros, son francamente
insuficientes y conservadoras. Si bien siempre hay algo de esto en todos
los casos, los problemas que enfrenta el sistema político chileno para
encauzar la representación de distintos grupos, y la mediación entre
intereses en conflicto, produce la incapacidad de legitimar las reformas
(para un lado y para el otro). Sin poseer lazos orgánicos con el
movimiento social, las elites políticas dan “palos de ciego”, intentando
reconstituir la legitimidad perdida al tiempo que se administran y
redistribuyen recursos francamente escasos, y se los orienta a
satisfacer retóricamente las demandas (“los eslóganes”) del movimiento
social. En otras palabras, el problema no es técnico, sino político.
Tercero, la reforma se ha disputado en torno a eslóganes centrados en
instrumentos, más que en objetivos. Y se recurre a esos eslóganes como
fetiche. De ellos tres son dominantes en el discurso sobre reforma
universitaria: la “gratuidad”, la “democratización” y el carácter
“estatal” de las instituciones a las que debe ir dirigido el gasto
público. Aquellos eslóganes han pasado a ser fines en sí mismos, más que
instrumentos para lograr objetivos socialmente valorables. Dicho de
otro modo, son pensados como factores necesarios y suficientes (en
conjunto) para lograr objetivos que personalmente me parecen
irrenunciables: tender hacia la equidad de oportunidades en la sociedad,
democratizar las comunidades universitarias, evitar el lucro y
contravenir el principio de subsidiariedad del estado en la educación.
La Udelar es tal vez uno de los casos reales en que los tres
instrumentos que se busca priorizar en Chile se encuentran
simultáneamente más presentes. ¿Qué nos indica el ejemplo de la Udelar
respecto a la capacidad de alcanzar los objetivos que abrazamos como
ideal, a través de maximizar los tres eslóganes?
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La Udelar no cobra matrícula a sus estudiantes, quienes tampoco deben
rendir un examen de ingreso. La universidad es abierta y gratuita (si
uno logra, eso sí, culminar el ciclo de educación media). Por esta
razón, los cursos iniciales son sumamente masivos. A modo de ejemplo, la
universidad ha debido recurrir en el pasado al arriendo de viejos
cines, para poder acomodar a los estudiantes en sus cursos de primer
año. Sin embargo, las generaciones se descreman rápido, y quienes
terminan egresando titulados son una fracción relativamente menor de
quienes alguna vez se inscribieron en una carrera. Y es probable que la
deserción se encuentre muy estratificada en términos socioeconómicos,
haciendo que los efectos de la gratuidad sobre el objetivo de la
equiparación de oportunidades sean muy limitados.
Esto, porque aunque la universidad sea gratuita, el costo de realizar
una carrera universitaria sin apoyo familiar es alto. Quienes pueden
pagar el costo de oportunidad de hacer una carrera son en general
aquellos que más tienen. Y las becas, aunque las hay, históricamente han
cubierto a un porcentaje muy pequeño de estudiantes y sus montos no son
suficientes para hacer frente a los costos de una vida universitaria.
Esas becas, a su vez, son financiadas por el “Fondo de Solidaridad”, al
que deben contribuir, según una paramétrica asociada a su remuneración,
todos los egresados de la Udelar durante su período de vida activo (es
decir, el sistema no es gratuito como se cree en Chile, sino que se paga
al egreso y hasta jubilar). No obstante, el Fondo de Solidaridad no
alcanza más que financiar de modo sumamente marginal el funcionamiento
de la Udelar.
De este modo, toda la sociedad –a través del cargo al presupuesto
nacional- paga por la educación universitaria de quienes tienen el
privilegio de culminar educación media y pueden solventar sus gastos
mientras van a la universidad. Seguramente, un sistema algo más
selectivo a la entrada y con becas más masivas y generosas para aquellos
que las necesiten, terminaría generando resultados mucho más
equitativos que el sistema actual.
Segundo, la Udelar se gobierna de acuerdo a un sistema tri-estamental
en que los tres órdenes (estudiantil, de egresados, y de académicos)
comparten la toma de decisiones bajo una modalidad de participación
democrática. Aunque este sistema tiene en principio muchas virtudes, su
omnipresencia en la vida universitaria puede devenir en una serie de
inconvenientes. Por un lado, en la práctica, la tri-estamentalidad
vuelve muy difícil introducir cambios en el funcionamiento de la
universidad. La incapacidad de cambiar rápido, para adaptarse a un
contexto global en que los cambios son permanentes, es francamente
inconveniente para una institución que debe jugar un rol fundamental
como motor de cambio e innovación en cada sociedad.
Por otro lado, la tri-estamentalidad y la toma de decisiones “por
mayoría” genera incentivos propicios al “populismo estudiantil”. Esto
permite, por ejemplo, que las elecciones de autoridades terminen
eventualmente siendo “mal” definidas por criterios políticos o por
criterios de personalidad (empatía o no con el orden estudiantil o con
el casi siempre conservador orden de egresados). Lo mismo podría decirse
respecto al diseño de los planes de estudio, los que sin duda deben
definirse con participación activa de los estudiantes, pero en que
también debe preservarse la capacidad del cuerpo académico de definir
contenidos y orientaciones básicas. En definitiva, como todo sistema con
reglas mayoritarias, la democracia –ilimitada– introduce el riesgo de
vulnerar los derechos de las minorías. Y esto en una comunidad
universitaria es riesgoso.
Siendo extranjero y agnóstico, como académico de la PUC, valoro
enormemente contar con lo que los académicos denominamos libertad de
cátedra. Una comunidad universitaria plena no existe en ausencia de la
libertad de pensar libremente e investigar sobre la temática que a uno
le parezca relevante. En este sentido, el espacio universitario es, por
definición, uno en que los diferentes pueden discutir sus puntos de
vista de modo riguroso y civilizado, sin tener, necesariamente, que
ponerse de acuerdo más que en el método y el respeto a reglas de juego
elementales.
Una comunidad académica en que las horas docentes o los fondos de
investigación se distribuyan de modo meramente “democrático” (es decir,
por un voto de mayoría) corre el riesgo de vulnerar la libertad de
cátedra de quienes se encuentran en una posición minoritaria. Y esa
eventual vulneración de la libertad de cátedra termina empobreciendo a
la propia comunidad que la propicia. La universidad es diversidad, no
hegemonía. Y aunque hay otros mecanismos que pueden vulnerar el
pluralismo universitario, la toma de decisiones mayoritaria como
criterio absoluto también puede limitarlo seriamente.
Finalmente, la Udelar es de carácter completamente estatal y se
encuentra inserta en un mercado universitario sumamente limitado ya que
existen solamente otras tres universidades privadas, las que cuentan con
un peso muy minoritario en cuanto a la matrícula. Adicionalmente,
dichas universidades se encuentran, de hecho, regidas por parámetros que
fija la Udelar. En otras palabras, la Udelar no tiene una competencia
real, a excepción de algunas carreras muy puntuales. Aplicando una
lógica lineal, el carácter estatal de la universidad (e implícitamente,
de gran parte del sistema universitario uruguayo) debiese tender a
generar más bienes públicos que otros que poseen mayor participación del
sector privado.
Siendo extranjero y agnóstico, como académico de la PUC, valoro
enormemente contar con lo que los académicos denominamos libertad de
cátedra. Una comunidad universitaria plena no existe en ausencia de la
libertad de pensar libremente e investigar sobre la temática que a uno
le parezca relevante
Obviamente, la comparación es difícil porque los sistemas
universitarios no operan en un vacío ni disociados de las
características de las sociedades en las que se encuentran insertos. No
obstante, a juzgar por parámetros de equidad en el egreso, así como por
su productividad científica y tecnológica (patentes e innovación), la
Udelar, en promedio, no parece destacar en el contexto regional por su
capacidad de producir bienes públicos (más allá de las políticas de
extensión al medio externo propias de toda universidad que se precie).
Si se consideran las diferencias entre matrícula inicial y tasa de
egreso (nótese el derroche que la masividad de la misma genera en los
primeros años de cada generación), tampoco parece ser una institución
destacada en términos de la eficiencia en el uso de los recursos
públicos.
En síntesis, el caso uruguayo ilustra como la maximización de los
objetivos de gratuidad, democracia y carácter estatal, no necesariamente
garantizan el logro de objetivos clave para todo sistema universitario:
lograr la inclusión y equidad; constituir comunidades académicas
plurales, libres, y participativas; y producir bienes públicos como
contrapartida de la asignación de los recursos que la sociedad invierte
en la institución.Como todo en la vida, el demonio está en los detalles,
y la gracia, en conciliar las tensiones que distintos instrumentos
generan sobre objetivos que como sociedad nos parecen igualmente
valorables.
La capacidad de administrar esas tensiones se pierde cuando la
política se reduce al eslogan. Y más aún, cuando el eslogan se
fundamenta en discursos que, aunque hegemónicos, son tan sesgados y
engañosos como los que genera la rivalidad futbolística. Cuando no hay
posibilidad de diálogo, se opera en base a eslóganes y prejuicios. Y
hasta los fríos tecnócratas sucumben ante la necesidad de generar algo
de apoyo para sus reformas.
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En otras palabras, el problema que el sistema político chileno posee
hoy para acometer la reforma educativa es tan técnico como político. Y
en ese sentido, no solo refleja los problemas de la educación, sino los
de una sociedad en que cada vez es más difícil gobernar y emprender
reformas. Sin capacidad de articulación y mediación política real es
imposible dejar de discutir eslóganes (desde una y otra trinchera) para
avanzar en una discusión menos estridente y seguramente más aburrida,
pero al mismo tiempo más profunda y necesaria para construir una reforma
de mejor calidad y con más capacidad de institucionalizarse y lograr
alcanzar los ambiciosos objetivos que a todos nos desvelan.
Para muchos, aquellos lógicamente hastiados de la “política de los
consensos”, la necesidad de diálogo y negociación a la que aquí he
referido puede sonar a una vuelta al juego político de la transición que
el movimiento social ha contribuido a poner en jaque. Según Fernando
Atria, por ejemplo, la “política de los consensos” contribuía a que
siempre ganaran los mismos. Y eso es cierto (ver columna Alcaldes para
ricos y alcaldes para pobres). Pero en mi opinión, satanizar la
negociación y negar así su rol esencial para la articulación de la
representación de distintos intereses, es exagerar el punto.
La clave no está en patear el tablero, sino en asegurar condiciones
para que todos puedan sentarse a negociar, en base a recursos de poder
que no deriven única ni principalmente de su poder económico.
[1]Sobre este punto véase la profusa investigación iniciada por
Tversky y Kanheman en los campos de la psicología cognitiva y la
economía.
[2] Para que quede claro, estos rankings ponderan la productividad
científica, cuya maximización, también genera problemas en el caso
chileno. Véase Ciencia sin alma: la impronta neoliberal en la
investigación científica chilena. Más allá de esto, la performance de
las universidades chilenas es substantivamente mejor en la gran mayoría
de las dimensiones que componen cada medición.
[3] Dos iniciativas presidenciales de Vázquez y Mujica
respectivamente fueron implementadas en este período: el Plan Ceibal y
la UTEC. No obstante, ambas iniciativas fueron exitosas porque evitaron
“tocar” otros componentes del sistema, y se hicieron por fuera del
sistema establecido (cómo apéndices). Mientras tanto, la
institucionalmente autónoma Udelar. ha procesado una reforma interna
importante y bienvenida, implementando nuevos planes de estudio que
incorporan entre otros elementos el acortamiento de las carreras
(interminables en el pasado) y de un sistema de créditos que permite
mayor flexibilidad en los planes de estudio y mayor cooperación entre
distintas disciplinas. No obstante, esta reforma ha avanzado muy
lentamente y no sin conflictos relevantes en distintas facultades. La
Udelar también ha expandido su alcance territorial, descentralizando su
funcionamiento y desarrollando labores de extensión meritorias en todo
el territorio nacional.
[4] Poco antes de asumir la presidencia, en 2009, Pepe Mujica
declaró: “Vamos a invertir primero en educación, segundo en educación,
tercero en educación, cuando tome posesión de mando del Uruguay. Un
pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida y es muy difícil
que lo engañen los corruptos y mentirosos” (Discurso pronunciado en la
cumbre Rio +20, 20 de junio de 2012). En 2014, Tabaré Vázquez declaró lo
siguiente: “Debemos cambiar el ADN de la educación, especialmente el de
la educación media. Lanzar un modelo educativo de excelencia e
inclusión. Primaria y educación media básica son condiciones de
ciudadanía” (Discurso pronunciado en Montevideo, el 14 de septiembre de
2014).
[5]Este imaginario cuadra muy bien con otra característica
nacional que Pepe Mujica supo encarnar a destajo: privilegiar la
“filosofía de boliche” por sobre saberes técnicos que siempre tienen
“tufo” a “tecnocracia neoliberal”. Para ese imaginario todo intento de
medición de rendimiento educativo es “neoliberal” y por tanto ilegítimo.
Desde esa perspectiva, los datos presentados arriba seguramente sean
leídos por los sectores aferrados a un pasado que ya no existe como un
instrumento de manipulación por parte de quienes “se han vendido al
modelo neoliberal” y quieren venderle a la sociedad modelos como el
chileno. La exageración del peso de los indicadores introduce serios
problemas como lo muestra la situación de la ciencia en el Chile contemporáneo. Pero
los indicadores, aunque parciales, también reflejan aspectos relevantes
de la realidad.
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