Juan Manuel Zolezzi, Presidente del Consorcio de
Universidades del Estado de Chile, publicó hace pocos días un interesante
artículo en el Diario La Tercera cuyo
tema es un acuerdo recientemente firmado con el gobierno para incentivar el
retiro y pensión de los académicos de mayor edad de nuestras universidades. El
tema, siempre complejo es interesante de conocer y por eso publico su artículo in extenso:
El acuerdo firmado entre el Consorcio de
Universidades del Estado y el gobierno para incentivar el retiro de académicos
y funcionarios ha causado algunas controversias. A mi entender, no se ha
comprendido el impacto que dicho acuerdo tendrá en el mejoramiento de la
calidad de la educación en las universidades estatales y, por consiguiente, en
el sistema de educación superior del país. El acuerdo establece el pago de un
beneficio de 935 UF, con fondos del Estado, a académicos en edad de jubilar que
estén cotizando en una AFP. Este monto permitirá compensar, en parte, el monto
de su jubilación, debido a que, por más de 20 años, el Estado no cotizó por el
total de sus remuneraciones. Alrededor de 2600 profesores recibirán este
beneficio junto con 11 sueldos con cargo al presupuesto de las universidades.
Para ello se les autorizará por ley, a contraer empréstitos con la banca
privada. este proceso se realizará acorde a la ley, siendo monitoreado por la
Contraloría General de la República, tal como ocurre con todas las actividades
de las universidades de Estado de Chile.
Este proceso no afectará la calidad y
la excelencia académica. Por el contrario, los profesores de excelencia que se
acojan al beneficio podrán ser recontratados por doce horas y los
investigadores de alto nivel podrán optar a media jornada en la misma
universidad. El reemplazo se realizará prioritariamente con académicos del más
alto nivel. Esto es, con capital humano ya formado o actualmente en formación
en universidades de prestigio y que, particularmente en el caso de chilenos, no
tienen hoy día dónde entregar su contribución al desarrollo del país. Este
acuerdo no tiene sesgo alguno. El Estado tiene que discriminar y focalizarse en
aquellas áreas que estima prioritarias y no puede ser distinto con sus
universidades. Las universidades privadas pueden hacer las inversiones que
estimen convenientes. Entonces, ¿por qué el Estado de Chile, dueño de las
universidades estatales, no puede destinar los recursos que se requieran para
mejorar su funcionamiento, desempeño y calidad?
Otro tema en debate, es la
inamovilidad en los cargos académicos, situación no efectiva, ya que las
universidades pueden reestructurar las plantas académicas cuando lo estimen
necesario, tal como ocurrió en la Universidad de Santiago en octubre de 2007 en
el Departamento de Educación. Además, la mayoría de las universidades del
Estado está aplicando mecanismos de evaluación del desempeño académico, lo que
puede determinar la salida de un académico si su calificación de desempeño es
deficiente. La legislación vigente no faculta a las universidades estatales a
incentivar el retiro de ninguno de sus funcionarios, ni tampoco les permite
hacer provisiones financieras para dichos efectos. Por lo tanto, suponer que
estas instituciones disponen de recursos para estos fines y pueden reasignarlos
a otras invrsiones, no se ajusta a la realidad. Las universidades estatales
tienen todas las limitantes de los organismos de la administración pública, lo
que va en desmedro de una competencia equitativa con las restantes
instituciones privadas, aun cuando algunas de ellas reciben aportes del Estado
equivalentes.
Este acuerdo y futuro proyecto de ley contribuirá a resolver
diversas dificultades que tiene la educación superior del país, contribuyendo
con la renovación de los cuadros académicos a alcanzar las metas que el país se
ha fijado en los ámbitos de la ciencia, tecnología, innovación y desarrollo".
Como puede verse, no sólo en nuestra educación básica y media se está tratando
de intervenir para mejorar la calidad (y siempre un componente importante de
ella son los docentes), sino que también en nuestra educación superior, donde
hay una suerte de tapón en las plantas académicas que, por medio de este
proyecto, se puede resolver en parte.
prof. Benedicto González
Vargas
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