Política universitaria: una encrucijada estratégica

El pasado 18 de octubre, el académico e investigador José Joaquín Brunner, ´publicó en el Diario El Mercurio, el siguiente interesante artículo respecto de las universidades chilenas, sus recursos y competitividad mundial. Dejo acá el artículo in extenso, para leerlo y comentarlo:  

La reciente aparición del ranking de las 200 "mejores" universidades del mundo que publica anualmente la revista inglesa Times Higher Education -en el cual no aparece ninguna universidad chilena- ha vuelto a activar la demanda por una mayor inversión de recursos fiscales en este sector. En particular, autoridades de algunas de nuestras universidades que aspiran a ser reconocidas internacionalmente insisten en la idea de que sin un mayor apoyo del Estado es imposible que sus instituciones puedan convertirse en entidades de clase mundial. 

Este tipo de planteamiento merece ser discutido con atención, incluso si uno es escéptico (como lo soy yo) respecto de la calidad, consistencia, rigurosidad y utilidad de los rankings globales y de la importancia que suele otorgárseles. Ante todo, porque es efectivo que el presupuesto nacional destina una cantidad reducida de recursos a la educación superior y la investigación académica; de hecho, una de las más bajas entre los países con un nivel de desarrollo similar al nuestro. 

Sin embargo, de allí no se sigue, automáticamente, que el gobierno deba invertir en unas pocas universidades que anhelan alcanzar un estatus internacional. Más bien, una estrategia equilibrada para el desarrollo de la educación nacional debiera impulsar, con prioridad máxima, un sustancial y rápido incremento de la subvención escolar para los niveles básico y medio, sin disminuir el esfuerzo que se viene haciendo para extender la cobertura y calidad de la educación preescolar y la atención temprana de niñas y niños. De esto depende en gran medida la posibilidad de hacer retroceder las desigualdades sociales. En el nivel de la educación terciaria, en tanto, el Estado debe preocuparse principalmente de financiar becas para jóvenes talentosos provenientes de familias de menores ingresos y créditos para todos aquellos jóvenes y adultos que no están en condiciones de financiar sus estudios superiores. Sólo después de satisfacer estas necesidades fundamentales, la política pública podría con legitimidad y eficacia atender a las necesidades de las instituciones de educación superior, a condición de que éstas cumplan con los estándares de la acreditación y se sujeten a reglas más rigurosas de información al público. 

Al efecto, todas las universidades acreditadas y dispuestas a informar con transparencia debieran conformar una agrupación que pueda interactuar con el Gobierno y participar en la definición de las políticas para el sector. El Consejo de Rectores hace rato dejó de cumplir esta misión. Todas esas universidades debieran estar facultadas además para postular competitivamente a convenios de desempeño y para obtener recursos basales (AFD) en caso de que sus proyectos resulten seleccionados por una instancia independiente. Asimismo, para competir por fondos destinados al mejoramiento de la calidad docente y el fortalecimiento de las capacidades de investigación académica. Sólo de esta forma se podría nivelar el campo de juego para todas las instituciones sin discriminación. 

Por el contrario, no tiene sentido aspirar a que el país cuente mañana con una o dos universidades de aquellas llamadas equívocamente de clase mundial, cuyo costo de desarrollo y mantención resulta prohibitivo y que terminarían sirviendo apenas a una fracción ultra-minoritaria de estudiantes, la mayoría proveniente, inevitablemente, de hogares dotados de un alto capital económico, social y cultural. Una estrategia tal llevaría nada más que a reeditar las tradiciones elitistas que en el pasado caracterizaron el desarrollo de la educación chilena, y cuyos negativos efectos -en términos de segmentación escolar, privilegios estamentales y jerarquías no meritocráticas, patrocinadas estatalmente- perduran hasta hoy.

Como pueden apreciar, es un artículo interesante porque plantea argumentos al contrario de los que suelen escucharse cuando aparecen estos rankings y pareciera ser que sólo basta una apertura del estado para incorporar recursos, para que nuestras instituciones sean reconocidas en el exterior.  

prof. Benedicto González Vargas